HISTERIA, CRIMEN, Y SEGURIDAD

Por Roberto Cabral

El tema pasaría como una cantinela mas en la rutina diaria de los medios, o como uno de esos frecuentes titulares de relleno, a los que ya nadie hace caso, hasta convertirse en fiambre de zafacon: “aumenta la violencia”, “surge espiral delictiva”, “nueva ola de delincuencia”, todo seguido del impenitente debate sobre los “valores familiares”, la “descomposición social”, “los abusos policiales” y hasta la propuesta de un “nuevo seminario”. La misma historia serviría para la próxima ocasión.

Todo seria muy simple si la realidad pura y dura no fuera diferente. Cada día mas familias y personas, sin discriminar genero ni condición social y económica, se ven involucrados en el drama sórdido y doloroso de la violencia social e institucional que afecta nuestro país: secuestros, robos, asaltos, homicidas y suicidios pasionales, violencia domestica y familiar, violaciones, desapariciones, y agresiones de toda índole. Unida esta secuela a la lenta, precaria, y confundida burocracia del maltrecho aparato que compone el “sistema” de justicia penal dominicano.

No se trata de un simple fenómeno de los medios. Realidad y percepción están ahí, y la ciudadanía percibe que efectivamente existe un incremento real de la criminalidad en nuestro país. Basta con ver la forma en que fue asesinado el Senador Dario Gómez, los cientos de homicidios y suicidios por celos entre parejas, el creciente numero de policías y oficiales de la ley involucrados en muertes, los secuestros para exigir recompensa, las violaciones de menores, los robos y raterías en todos los centros urbanos, hasta la violencia permanente en las prisiones.

A fuerza de experiencia, tenemos que admitir que el problema de la delincuencia no es un asunto nuevo en nuestra sociedad. Bastaría con revisar las hemerotecas que conforman, a falta de la oficial, la mejor estadística sobre el fenómeno. Se trata de un fenómeno social cíclico, y como tal debe ser asumido.

Se podrá acudir a todas las explicaciones posibles, desde las concepciones más antiguas y clásicas hasta las más audaces propuestas modernistas, pero la realidad es que la misma, su variedad, su penetración e importancia ha desbordado la capacidad del sistema de control actual que tenemos.

Las propuestas ante el problema no son menos halagadoras. Van desde la histeria, hasta la complacencia. Unos, plantean “cruzadas anticrimen”, “pena de muerte ya!” “castración química!” hasta promover “la redención familiar”, y una especie de catarsis de “los valores éticos”. Otros, informan que, “somos uno de los países mas seguros del mundo”, que “no hay que preocuparse”, y que “tenemos las agencias anticrimen más efectivas del mundo”.

La arenga del jefe policial, ante la situación es emblemática: “Se instruye a todos los miembros de la institución a respetar y proteger los derechos humanos, la integridad física de los ciudadanos, y actuar dentro del marco legal que disfruta el país, acatando los valores éticos universales que conducen al bien común, la paz, y la prosperidad”. Retórica genérica que redunda en la misión policial. Pero, y las acciones frente a los hechos concretos?

En verdad, la mayoría de las opciones que nos presentan carecen de imaginación y falta de creatividad. Porque en realidad buscan obviar una realidad mas profunda, que tiene que ver con el manejo global que se ha hecho de la justicia y la política anticrimen en nuestro país. Porque se busca paliar las causas, la etiología esencial del problema. Porque desde el Estado no se ha definido nunca una política seria, eficaz, y transparente sobre esta cuestión, ni se ha hecho tampoco la inversión de recursos suficientes, porque nunca se ha tratado como una política de Estado.

Todo análisis que se haga sobre el tema de la criminalidad, tiene que partir de un hecho histórico, y es que las agencias y entidades publicas de control social, Policía, Fuerzas Armadas y sus mecanismos de inteligencia, DNI, DNCD, Procuraduría General, muy a pesar, de todo cuanto ha implicado en evolución institucional nuestro país, desde la apertura política del 78, apenas han realizado cambios de forma, manteniendo, aunque digan lo contrario, esquemas operativos, administrativos, e ideológicos propios de la guerra fría, donde imperaba la formación de contrainsurgencia, y la cultura de cuerpos autoritaria y vertical, militarista, deficiente, y opaca.

Apenas han cambiado los paradigmas misionales, porque obviamente tienen que existir. Es mas, hay tal confusión, a conveniencia por supuesto, que algunos creen, que con instalar computadoras, redefinir puestos como “gerencias”, cambio de “logos”, o colores de uniformes están haciendo la gran y esperada reforma.

A partir de este dato histórico, es de lugar admitir la incapacidad de nuestros gestores públicos, para promover, con visión y coraje, las reformas que debieron acompañar la apertura política democrática, y no solo hacer el cambio social que demanda nuestra sociedad, sino además las reformas institucionales en esta área del Estado, que se ha manejado, sin razón, como tema tabú.

Es por ello que nunca hemos definido una política antricrimen y de seguridad publica y ciudadana, donde participen estas agencias, ni otras que apenas son consideradas, tales como Migración, Aduanas, y las agencias fiscales.

En todo este panorama, justo es destacar el avance que ha implicado, a pesar de todas sus deficiencias, la reforma de la judicatura, sin cuyo proceso la realidad actual seria verdaderamente catastrófica.

Crimen y Sociedad
Huelgaria repetir las definiciones sobre el origen del delito. Ese monótono ejercicio se hace cada vez en los congresos de criminología, donde las teorías son abundantes, desde Lombroso hasta las mas sofisticadas propuestas de ingeniería social.

El hecho cierto es que, en nuestro país como en el resto de América Latina y del mundo en desarrollo, “la desigualdad social, el bajo nivel de vida, la discriminación racial y nacional, el desempleo y el analfabetismo, siguen siendo causas de fondo para explicar las causas del delito” (Naciones Unidas, 1981).

En adición a estas causas, en el caso dominicano, la situación actual de delincuencia común e inseguridad publica tiene su explicación en la acumulación, por décadas, de problemas nunca afrontados. Se agrega el hecho de que, a pesar de nuestra relativa estabilidad social y económica, tenemos uno de los niveles mas altos de inequidad y exclusión social, con una ancha franja entre una minoría que concentra casi todo el bienestar, y una mayoría que vive en crisis permanente. Pero sobre todo, lo que más pesa y afecta nuestra convivencia social es el estado de impunidad que genera cinismo e incredulidad en la población, unido al estado de privilegios institucionales que produce ciudadanos dominicanos de diversas categorías.

Si deseamos profundizar hasta nuestra medula social, tenemos que convenir que la sociedad dominicana atraviesa por un desplome ético, donde se impone la “búsqueda” como solución alterna de bienestar material urgente y como criterio de vida colectiva. Así se explica que los padres compren las pruebas nacionales para asegurar el “éxito” de sus hijos, el frecuente abuso de los bienes públicos, la clientela como proselitismo, o asumir una función publica como patrimonio familiar.

Otros elementos que se incorporan en el análisis de nuestra criminalidad actual es el drama de la emigración rural en las ultimas décadas a los principales centros urbanos, creándose populosos barrios, repletos de miseria, inequidad, y violencia, que viven al margen de los mecanismos de control social, constituyendo una verdadera bomba de tiempo. Asimismo el retorno de los dominicanos convictos deportados (mas de 2,000 en este año) de los Estados Unidos, la fuerte presencia del trafico de drogas especialmente en los barrios marginados, y la carencia de una política juvenil adecuada.

La crisis carcelaria se agrega al estado de delincuencia, pues lejos de ser un mecanismo de control social, constituye un medio criminogeno de enorme impacto y de distorsión de la aplicación de la sanción penal. La situación de las cárceles ha tocado fondo reiteradas veces. El escándalo es permanente a pesar de los esfuerzos asistencialistas y paternalistas, donde “todo se compra y se vende”. Nadie podía imaginar a estas alturas, que La Victoria, un arquetipo de la dictadura, del autoritarismo, y del abuso, podría estar erigida todavía. Ello lo dice todo del subsistema.

Desafíos y soluciones
La represión por parte del Estado surge cuando las medidas adoptadas para lograr sus propósitos fracasan. Entonces se aplican medidas de coacción buscando mantener el bien publico. La represión adopta entonces una retórica justificativa. Primero se justifica la intervención de la fuerza publica (Guaraguao y Centella) alegando que “los criminales se están quedando con las calles”. De ahí surge la tendencia a legitimizar cada vez mas todo tipo de intervención en la libertad ciudadana para combatir el crimen.

Es evidente que los mecanismos tradicionales del Estado se muestran incapaces para asegurar, en las presentes condiciones, la paz social y la seguridad ciudadana en democracia. Se hace necesario entonces discutir, con una participación cívica serena, las alternativas que disponemos en una lucha que tiene carácter permanente.

La propuesta del agravamiento de las penas, incluyendo la pena de muerte, siempre esta presente. Ello requiere de un debate plural y suficiente. En la actualidad mas de 100 países contemplan esta medida, y las estadísticas no reflejan disminución del crimen a causa de esta. Tampoco la castración o la mutilación parecen disuasivos efectivos. El aumento de las cárceles y el endurecimiento de las condiciones de prisión no señala un progreso en las condiciones de vida social. En fin, se trata de medidas que solo incrementan el aparato de coerción y violencia por parte del Estado.

Por otra parte, en nuestro sistema existe una gran parcialidad en cuanto a la aplicación de la sanción penal, pues se aplica mas activamente, con mayor severidad, y en delitos menos graves, entre la población de menos ingresos, quienes además menos posibilidades de acceder a los beneficios de una justicia eficaz y ágil que la población de mediano y altos ingresos.

La democracia dominicana, con todas sus imperfecciones y privilegios, camina a tientas, pero se sostiene. Esa democracia tiene que avanzar con cambios de calidad y de equidad, si queremos preservarla. Esta en capacidad de soportar cambios que son imperativos. Uno de ellos es la reforma integral de todo el sistema de justicia y de seguridad publica y ciudadana, definiendo prioridades, no creando espacios de poder a conveniencia: modernizar la Procuraduría convirtiéndola en una Secretaria de Estado de Justicia, crear una agencia de Policía Judicial, transformar y fortalecer (no solamente con salarios) el Ministerio Publico, incluyendo la selección a termino, procedimientos adecuados y ejercicio de 24 horas.

De igual modo urge la reforma progresiva y gradual de las demás agencias anticrimen, Policía, DNI, DNCD, Prisiones, estableciendo mecanismos de control, a la vez que se desarrolle una instancia permanente de coordinación y labor compartida. Un aspecto esencial en este proceso es la dignificacion económica y social de los miembros y agentes de tales agencias.

En los casos de involucramiento de estos oficiales y agentes en pandillas y grupos internos para la comisión de acciones criminales, no basta con la “simple denuncia”, sino con la investigación y la sanción ejemplar, pues como decía la Juez neuyorkina que condeno a Occhipinti, él mas condecorado agente de inmigración de Estados Unidos por violar los derechos humanos de dominicanos en la urbe “nadie puede violar la ley en su propio nombre, ello implica un castigo mayor”.

Nos hacen falta programas de control alternativo: de seguimiento de fianzas, de reincidentes, de libertad bajo palabra o vigilada, el servicio comunitario en cumplimiento de penas leves y menores, y la implementacion en nuestro sistema del plea guilty o las alegaciones preacordadas, mediante el cual la Fiscalía logra un acuerdo con el prevenido previo a la celebración de juicio, economizando gastos al Estado y agilizando los procesos.

Debemos actuar con innovación y capacidad, pero sobre todo, esta comprobado, hace falta voluntad política. Hay que establecer cuanto antes un programa interinstitucional preventivo, pues hasta ahora la norma de nuestras instituciones es reactiva cuando ya tenemos el problema encima. Carecemos de políticas de juventud adecuadas, a pesar de tener todo un Ministerio para ello.

No basta con establecer programas y nombramientos, es necesario evaluar resultados (impacto, costo-beneficios, etc.). La cuestión de la seguridad publica, tiene que ser objeto de la planificación del Estado. Tiene que entenderse como parte de las políticas publicas, como la salud, educación, medio ambiente, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En diversos países se han aplicada programas innovadores con resultados excelentes bajando los niveles de criminalidad. En Estados Unidos, por ejemplo el año pasado bajo un 9.5 por ciento. Reciclar experiencias siempre será saludable, sin embargo, si deseamos ser funcionales, debemos trabajar en base a nuestras propias realidades y experiencias, a pesar del sano interés de los países donantes en programas de justicia y de sus prioridades internas.

* El autor es Abogado, egresado de ILANUD en Justicia Penal y Sistemas Penitenciarios, y Diplomado en Gerencia social INDES/BID.